Repudio a la ley de “convivencia en manifestaciones”

 

 

Hace poco más de una semana, diputados oficialistas presentaron un proyecto de ley titulado “Ley de convivencia en manifestaciones públicas”. Con este proyecto, el pedido de poner un freno a las protestas, realizado por la presidenta Cristina Kirchner en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, y aplaudido por Massa, Macri y todo el arco opositor de derecha, se hizo realidad.Pese a que el Jefe de Gabinete Jorge Capitanich haya declarado que no es una normativa que surja del Ejecutivo Nacional, el hecho de que dos de los principales firmantes del proyecto estén Carlos Kunkel y Diana Conti, habla por sí solo.

La “convivencia” que pretende instalar el kirchnerismo, no es más que un intento por seguir acotando el margen a la protesta social. El eje fundamental del texto plantea dividir las manifestaciones entre “legítimas” e “ilegítimas”.  En un año que comenzó con grandes pujas laborales y una situación cada vez más apremiante para el pueblo a nivel económico, dónde miles de docentes del país estuvieron en pie de lucha, donde aún hoy hay muchas paritarias sin cerrarse, dónde se realizó un paro nacional con una adhesión casi total de parte de los trabajadores, no es sorpresa que entre los puntos principales se considere ilegítima a cualquier manifestación que “impida el normal funcionamiento de servicios públicos, especialmente los relativos a la educación, la seguridad y la salud públicas”.Cualquier corte, manifestación o piquete que, además, no se anuncie ante las autoridades con 48 horas de anticipación, no explique el motivo de la protesta, el horario y el lugar y no designe un “delegado” para mediar ante el Estado, será considerado ilegítimo y podrá ser reprimido por las fuerzas policiales.El piquete, ha sido de una parte a la actualidad, el único medio por el cual no sólo  los trabajadores pueden hacer visibles sus problemáticas, sino también  otros sectores de la población que de otra manera nunca serían escuchados.

Con esta nueva ley, las manifestaciones espontáneas, como las que encabezaron los vecinos que en diciembre pasado sufrieron días y semanas sin luz y sin agua, serían ilegítimas y pasibles de ser disueltas por la fuerza. También serían ilegítimas las protestas que actualmente realizan los padres de alumnos que hoy no tienen clases porque el estado no garantiza las condiciones mínimas de infraestructura que debería tener un establecimiento educativo como hubieran sido ilegítimos hechos históricos Cordobazo o los masivos días de protesta que fueron el 19 y 20 de diciembre de 2001.Hasta este proyecto, el kirchnerismo había optado por no reprimir de forma directa las manifestaciones populares (aunque sí a través de fuerzas de choque, policías provinciales y aprobando la ley antiterrorista), pero la presión de algunos sectores de la sociedad y fomentada por los medios de comunicación monopólicos, han servido de argumento para que el gobierno nacional tome otra postura ante los reclamos e intente, esta vez con una ley que lo avalaría, acallar los gritos de lucha.

El Estado ya tiene en el artículo 194 del Código Penal argumentos para la represión: “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”. Sin embargo, el lanzamiento de esta nueva ley, logra hacer propaganda del giro represivo que pretende tomar el gobierno nacional y, al instalar públicamente el tema, “avisa” por un lado las clases medias y a los empresarios que se queden tranquilos que el Estado no va a permitir protestas, y a los que luchan de que sepan que va a haber “tolerancia cero” para quién alce la voz.Está claro que, en lugar de pensar políticas que ayuden a resolver la crisis como nacionalizar el comercio exterior o dejar de pagar la ilegal e ilegítima deuda externa, el gobierno nacional vuelve a optar por medidas que favorecen directamente a la burguesía nacional parasitaria ligada al capital trasnacional.

Tan polémico y de derecha es el proyecto, que desde propios sectores del oficialismo, incluidos intelectuales, militantes y periodistas afines, salieron a criticar la normativa impulsada marcando que sería un enorme retroceso político.Ante una crisis económica mundial, que afecta cada vez más directamente a nuestros país, y que hace que día a día más obreros, estudiantes, docentes, desocupados y vecinos salgan a la calle a reclamar, y ante un futuro que tiene como posibles presidentes a Massa, Scioli o Macri, la aprobación de esta ley será definitivamente la peor medida tomada por el kirchnerismo que deja el terreno listo para que la represión sea moneda corriente.  Difícilmente el gobierno pueda volver atrás de este definitivo giro a la derecha. Por eso desde la Juventud Guevarista y desde la Unión del Pueblo, repudiamos el proyecto impulsado desde el kirchnerismo y llamamos al pueblo a no claudicar en la lucha por más trabajo y mejores salarios, porque todos y todas tengamos una vivienda digna, por una educación y una salud pública a la altura de lo que el pueblo necesita.

¡No a la ley contra las protestas!

¡Arriba los que luchan!

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